¿Marbella o peor?

Desde hace años se sospecha que en Canarias podría estar pasando lo mismo que en Marbella, y no me refiero al romance de la Pantoja con Cachuli, hablo de la corrupción que existe en los ayuntamientos de muchos municipios y que durante años ha permanecido invisible al ojo del vecino. Después del escándalo de Marbella la cosa no se ha frenado ahí, y son muchos los políticos involucrados en delitos de prevaricación y malversación de fondos, palabras que se nos hacen ahora muy familiares. Canarias no podía quedarse al margen, y algunos ayuntamientos se ven ahora salpicados por el escándalo. Políticos listillos que se benefician de su gestión, y dan beneficios a los amigos de turno, empresarios de la construcción en su mayoría, que juguetean con el dinero de todos y engordan sus bolsillos.

El caso de La Orotava es el que nos preocupa ahora:

La Fiscalía investiga a CC por posible prevaricación y malversación de fondos

ELDIA.ES

La Fiscalía Anticorrupción investiga la aprobación de numerosos reconocimientos extrajudiciales de crédito por parte del grupo de gobierno de Coalición Canaria en La Orotava por si, como sostiene IUC-LV en una denuncia presentada el pasado mes de enero, los concejales nacionalistas hubieran cometido delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos. El portavoz de la coalición progresista, Fran Baute, anunció ayer que la Fiscalía ya ha requerido al Ayuntamiento la documentación sobre los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados entre 2003 y 2008, "por valor de casi 17 millones de euros".
La denuncia de IUC-LV se basa en el "constante y reiterado incumplimiento por parte del gobierno de CC de los límites del presupuesto local, que tiene carácter limitativo y vinculante, y que en los últimos años se ha modificado de forma reiterada con sucesivos reconocimientos extrajudiciales de crédito, que son un mecanismo necesariamente excepcional y de aplicación restrictiva. A pesar de que CC lo ha utilizado de forma patológica, traspasando el límite de lo ilícito administrativo para adentrarse en lo penalmente reprobable".
Baute considera que el gobierno de CC ha incumplido la legislación en materia de haciendas locales y contratación pública, "a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención Municipal en numerosos informes y notas de reparo".
La denuncia se centra en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado por CC en el pleno de 25 de marzo de 2008, por valor de 5,3 millones de euros, "a pesar de las graves irregularidades constatadas y advertidas por la Intervención Municipal, y la advertencia del propio secretario durante la sesión acerca de la posible responsabilidad penal en que podrían incurrir los ediles que votaran a favor o se abstuvieran".
Respecto a este reconocimiento, Baute considera que el edil de Hacienda, Juan Dóniz, que se ausentó del pleno en el momento en que se votó este asunto, "también debe considerarse responsable, ya que lo apoyó en la comisión informativa previa y lo defendió durante la sesión".
Baute lamenta que CC "haya convertido la excepción en norma, llevando al ayuntamiento a una grave situación económica". Además, sostiene que "gran parte de los créditos reconocidos extrajudicialmente se generaron en 2007, un año electoral".

El gobierno se defiende
Los nacionalistas defienden la honradez de su gestión y recalcan que "algunos de estos reconocimientos extrajudiciales fueron aprobados entre 2003 y 2008 por unanimidad o sin votos en contra, como es el caso de la urbanización Lercaro, aprobado por unanimidad el 23 de marzo de 2004, que supuso al ayuntamiento una deuda de 2,2 millones de euros; el del camino de Los Gómez, aprobado el 24 de mayo de 2005, por valor de un millón de euros; el del camino de la Arbeja, de 28 de octubre de 2003, o el de las obras de acceso a las viviendas de La Torrita, aprobado el 30 de enero de 2007. Sin votos en contra se aprobó la deuda del centro de usos múltiples de La Torrita".